Pago por Servicios Ambientales: Negocios Verdes

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El 27 de abril de 2017 se realizó en Neiva el foro “Pagos por Servicios Ambientales” organizado por el Proyecto Cuenca Río Las Ceibas, financiado por la CAM, y según disposición nacional, “busca generar un espacio de conocimiento sobre el contexto de las experiencias de Pago por Servicios Ambientales a nivel mundial, que permita implementarlo en la regional”.

Participaron como conferencistas los promotores de los “negocios verdes”, Mauricio José Mira Pontón Director de la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Bosco Lliso Tejera, del Basque Centre For Climate Change- BC3 Bizkaia, España; Jaime Erazo del Instituto de Economía UFRJ, Río de Janeiro y asesor del Departamento Nacional de Planeación DNP;; Harold Arango del Patrimonio Natural; Camilo Agudelo y Arley Caquimbo de la Asociación de Productores Agropecuarios del Mezón de Neiva  – AGROMEZÓN – y Carlos Alberto Cuéllar Medina Director CAM.

El representante de la Oficina de “negocios verdes” del Ministerio de Ambiente aprovechó el foro para anunciar que se encuentra listo el proyecto de Ley por medio del cual se adoptan unas medidas de política con “el propósito de establecer como instrumento para la solución de conflictos socio-ambientales los esquemas de pago por servicios ambientales PSA, como una alternativa para el postconflicto, y que a su vez contribuirá al logro de los compromisos adquiridos por el país frente al cambio climático” [1].

El Gobierno colombiano, a raíz de la COP 21   de  Naciones  Unidas  asumió que  la   salida  a  la  actual   crisis  climática  obliga  a  una  transición  programada  hacia  el “capitalismo  verde”, es decir, la mercantilización de la naturaleza y uno de sus compromisos es el pago indemnizatorio por la  contaminación atmosférica  que ha abierto un segmento rentable  en los  mercados de capitales globalizados, los “negocios verdes”. Se trata de la mercantilización y financierización de los Bienes Naturales Comunes Comunitarios, a través del acceso al “mercado carbono” o los “mercados Verdes” como los Pagos por Servicios Ambientales que hacen parte de programas estatales como los proyectos REDD (“Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”), y su versión criolla: los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo[2]. Este tipo de proyectos “ha puesto sus esfuerzos en cuestionados procesos de mercantilización, en donde la tierra y los fondos públicos del Sur global entran a jugar el papel de garantías cuando los “bonos verdes” que el Sur genera son valorados, retaceados o combinados con otras “mercancías climáticas” en un mercado manejado estrictamente por el Norte global”[3].

En Colombia las  mismas  Naciones  Unidas  ya   habían  propuesto en  materia    ambiental   esta  misma  política para  el  post-acuerdo  entre   el  gobierno  y  las  FARC.  Efectivamente   en  el  documento  titulado “Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial, estable y duradera”,[4] presentado  por  el Programa  de  Naciones  Unidas para  el  desarrollo- PNUD- en  Septiembre  de  2014,   incorporado  en  sus líneas  generales  en el Plan Nacional  de  Desarrollo, plantean  que  en  las  regiones   que  hasta  ahora  han  sido  controlados    por la guerrilla y que  cuentan  con reservas  ambientales  importantes  es  necesario   ejecutar  ambiciosos  proyectos   de  “economía verde”  en  asocio  con  el  capital  financiero  transnacional.

La “economía verde” responde a la implacable competencia, las exigencias de rentabilidad, la carrera hacia la ganancia rápida que destruye los equilibrios naturales y que explica la intensificación  de la disputa global por los Bienes Naturales Comunes. Es demostrable que el calentamiento planetario es producto de la lógicaabsurda e irracional de expansión y de acumulación al infinito del sistema capitalista, a su productivismo obsesionado por la búsqueda de la ganancia que es totalmente contradictoria con una racionalidad ecológica, que toma en cuenta la temporalidad larga de los ciclos naturales[5].

Es importante resaltar que la figura de “servi­cio ambiental” surgió para explicar los servicios que el Estado debía otorgar en materia de sanea­miento ambiental. Sin embargo, el neoliberalismo utiliza esta figura para “mercantilizar las funciones de la Naturaleza, como son los ciclos del agua y del carbono”. Está claro que bajo cualquiera de las dos acepciones esos no son simples servicios, sino derechos que no pueden ser privatizados y el que el Estado deba regularlos, no implica abrir la puerta para su comercialización[6].

El Libro “Mercados de Carbono – La neoliberalización del clima” de Larry Lohmann[7], destaca como “…el nuevo sistema sentó las bases para que proyectos desplegados en países en desarrollo pudieran generar créditos que, posteriormen­te, pudieran adquirir y utilizar los países de­sarrollados para cumplir con sus obligaciones de reducción de emisiones. El fondo fue trans­formado en un mecanismo de comercio, las sanciones se transformaron en premios y un sistema jurídico se transformó en un mercado”. Además, es importante resaltar algunos aspectos para comprender como el Pago por Servicios Ambientales es un instrumento perverso del capitalismo para la explotación, colonizando el cli­ma como lo resalta al referirse a la dialéctica sobre la REDD:

–          REDD no apunta a reducir la deforestación de los bosques nativos sino  suplantar la selva original, es decir el bosque, por simples plantaciones forestales.

–          REDD no premia una reducción en la tasa de deforestación en comparación con un escenario de referencia sino una menor tasa de tala, lo que llevaría a manejos especulativos con alzas y caídas en la deforestación en lugar de impedirla.

–          REDD convierte al bosque en un mero proveedor de servicios ambientales como sumidero de carbono. Transforma la selva, sus árboles y aire en mercancía. No es cierto que el bosque “es” un proveedor de servicios ambientales y que  REDD es un mecanismo para cubrir los gastos que implican la reducción de la deforestación y la conservación que implica un costo de oportunidad que hasta ahora ha sido pagado por los dueños de los bosques (pueblos indígenas y campesinos).

–          Se difunde falsamente que gracias a REDD, los dueños de los bosques recibirán un incentivo económico (compensación) por la conservación. REDD no afecta los derechos de propiedad de los territorios, ni afecta en forma negativa su gestión o manejo, al contrario, con buena regulación y aplicación de estándares sociales y ambientales, REDD puede consolidar derechos territoriales, mejorar la gestión y mejorar las condiciones de vida de pueblos indígenas y otras comunidades locales. La realidad demuestra que enajena la gestión y manejo de los territorios, ya que los fines económicos prevalecen sobre la administración local, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios, podrán convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques.

–          Uno de los mayores engaños, que además tiene que ver con el caso de la Cuenca del río las Ceibas, amenazada por la explotación petrolera es que REDD no permite la extracción petrolera o minera, al contrario, la protección de los bosques, mediante este mecanismo, permitirá luchar contra las actividades extractivas. El país tendrá que escoger entre conservar los bosques para cumplir con REDD o abrir nuevas fronteras mineras, petroleras o agrícolas. REDD no plantea que los bosques son un simple mercado de carbono, por eso se están proponiendo salvaguardas dentro del mecanismo REDD. La reducción de la deforestación, con la respectiva compensación para los dueños de los bosques, permitirá consolidar los territorios indígenas y, por lo mismo, mantener los bosques nativos como espacios fundamentales para la vida y las culturas. Un mecanismo REDD bien diseñado puede ayudar a pagar la deuda ecológica, a compensar a los dueños de los bosques (pueblos indígenas y campesinos) por sus esfuerzos de conservación y evitar la expansión de actividades extractivas en áreas con bosques nativos. Larry Lohmann afirma que al priorizar lo económico, mercantilizando los servicios ambientales o permitiendo la extracción petrolera o minera, se viola lo sagrado de los bosques. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas los bosques no son un simple mercado de carbono, son espacio de vida.

[1] http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/fast-track-y-medioambiente-el-revolcon-del-ministerio/37162

[2] Video. https://www.youtube.com/watch?v=ITrgfw5oxxs

[3] http://www.carbontradewatch.org/articles/mercados-de-carbono-la-neoliberalizacion-del-clima.html

[4] Naciones  Unidas  en ,www.oidhaco.org/uploaded/content/article/1588248879.pdf, septiembre  del  2014. Estos  mismos  criterios  ya  habían sido  presentados por  el  mismo  PNUD   en  la “ Conferencia de la ONU para el medio ambiente y el desarrollo sostenible”,  celebrada  en Rio de Janeiro  en  el 2012.. 

[5] LÖWY, M. Ecosocialismo. La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Ocean Sur. 2014

[6] http://www.carbontradewatch.org/articles/mercados-de-carbono-la-neoliberalizacion-del-clima.html

[7] Ibídem.