Fiscalía escuchó en indagatoria a dos exalcaldes por su presunta participación en toma guerrillera en el año 2002 en Huila

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Se trata de Laureano Molina Scarpetta, exalcalde de Oporapa y actual concejal de Pitalito, y Vidal Vargas Lomelin, exalcalde de Saladolanco, quienes se enfrentarán a juicio por cuatro delitos, entre ellos terrorismo

Tras escuchar en indagatoria a los exmandatarios de Oporapa y Saladoblanco (Huila), Laureano Molina Scarpetta y Vidal Vargas Lomelin, respectivamente, una fiscalía especializada de Neiva los vinculó formalmente a la investigación que adelanta por la toma guerrillera de Oparapa y la inspección de Maito -Tarqui en el Huila a mediados del año 2002, cuando fueron asesinados dos policiales y dos habitantes de la zona.

Ambos son sindicados de los delitos de homicidio en persona protegida, tentativa de homicidio, homicidio agravado y terrorismo.

Para la Fiscalía, los exmandatarios participaron de manera directa en el ataque insurgente perpetrado por varios frentes de las demovilizadas Farc, los días 10 y 11 de julio de ese año, ya que cuenta con información y elementos de prueba, como el testimonio de Germain Socué Rojas, un versionado de Justicia y Paz, quien perteneció al Frente 13 que delinquía en el sur del departamento.

Según la declaración del desmovilizado, Molina y Vargas se reunieron en repetidas ocasiones a puerta cerrada con jefes de los frentes guerrilleros, por lo que no se pone en duda el conocimiento que tendrían ellos del ataque, y por ende del apoyo económico, logístico y de inteligencia para llevar a cabo la toma que aterrorizó a los habitantes de dichas zonas durante dos días.

Por su parte, la defensa de los procesados presentó varios elementos para alegar su inocencia, entre ellos documentación que da cuenta de varias reuniones sostenidas con las autoridades administrativas y judiciales de la época, en las que se evidencian posibles amenazas contra sus vidas por parte de la estructura guerrillera.

Al culminar la diligencia judicial, el fiscal del caso analizó la documentación entregada y decidió dejarlos en libertad, mientras continúa el proceso en su contra. En los próximos días, bajo los términos de la Ley 600 del 2000, serán llamados a juicio.