Tierra Escarlata

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El campesinado en Colombia, durante muchos años, incluso desde antes del conflicto armado entre el Estado y los grupos paraestatales, se ha visto afectado por los latifundios y la acumulación  de tierras extensivas en manos de unos pocos. Ese hecho ha sido el detonante para la conformación de grupos guerrilleros que durante más de 50 años han pedido de una u otra forma los derechos a la tierra, a ser reconocidos socialmente como comunidad, a tener participación política, al respeto de sus derechos humanos y fundamentales, y a la posibilidad de tener una vida digna. Es evidente que la incursión al narcotráfico por parte de la insurgencia, desvió su enfoque ideológico y, en más de una ocasión, se presentaron actos de violencia en contra de la misma población a la que supuestamente representaban.

Las normas, en los gobiernos de turno, ya desde 1936, bajo la Ley 200 en el Gobierno de Alfonso López Pumarejo, se enfocaron a consolidar un marco legal en la asignación de tierras y en el mejoramiento de los derechos de los campesinos.  Infortunadamente,  el grueso de esas políticas nunca propendieron, ni en ese tiempo ni en la actualidad, por el beneficio del campesinado, se enfocaron a la concentración de tierras por parte de grupos de élite que generaron el despojo y desplazamiento de esta población en favor de las multinacionales y las  transnacionales enfocadas a los monocultivos, a la minería, a la extracción de petróleo, gas, carbono; estimulando el extractivismo, con el pretexto de impulsar el desarrollo del país. Estas organizaciones ni son generadoras de empleo a gran escala, ni aportan al desarrollo de la región; el balance final deja un daño medioambiental difícil de reparar.

Otro caso en detrimento del campesinado es el referido a la línea de crédito denominada  Agro Ingreso Seguro (AIS) en el mandato de Álvaro Uribe Vélez, con la detención de su ministro de agricultura, o el caso actual del presidente Duque, con su ministro de agricultura,  en proceso de investigación,  por posible desviación de recursos en el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO), dineros que se suponía tenían que ser destinados a garantizar la sostenibilidad alimentaria para hacerle frente al coronavirus, son la muestra de la complicidad entre el Estado y la élite  latifundista colombiana con incidencia nefasta para el país y, particularmente, para el sector rural.

Si durante toda la historia colombiana el sector campesino ha tenido que luchar e ir cuesta arriba para ser visibilizado, con el conflicto armado la situación pasó de castaño a oscuro. Fueron y son víctimas de múltiples actores inmersos en la guerra colombiana. En un buen número de casos los grupos guerrilleros empezaron a asediarlos y declararlos enemigos; desde la otra orilla el surgimiento de grupos paramilitares hizo que la situación se volviera más tensa, y el Estado, por su parte, los declaraba auxiliadores, a ello se sumó el narcotráfico en donde pasaron de propietarios de las tierras a jornaleros de la coca.

Como consecuencia se incrementaron las víctimas de todo tipo de acciones (ejecuciones extrajudiciales, violación de los derechos humanos, torturas, secuestros, desplazamiento forzado, entre otros). Ahora bien, el asesinato sistemático de líderes sociales y comunitarios, ha hecho que el interés de los grupos asociativos campesinos haya generado una situación de miedo, lo que se ha traducido en freno a las reivindicaciones planteadas durante muchos años. 

No es posible que un campesino o un grupo de campesinos, les sea mucho más beneficioso ser visibilizados como víctimas del conflicto armado para recibir atención por parte del gobierno, que decir con orgullo y sin pena alguna, que son campesinos colombianos. Los programas que van enfocados a las víctimas del conflicto armado, tienen que ser programas que atiendan tanto a las víctimas como a la población civil aledaña a la región. La solución, no se circunscribe únicamente en ayudar al que le han violado sus derechos, sino buscar la solución estructural a esa fuente del origen del conflicto causado por las desigualdades que vive el país.

Nos hemos dado cuenta de que en una situación tan compleja, como la que vivimos en estos momentos de pandemia,  el soporte para mitigar el colapso de la economía y el confinamiento, ha sido el campo a través de su producción agrícola; de otra parte se ha establecido que el petróleo y la minería, en general, así generen divisas, están en un lugar secundario de las necesidades vitales para subsistir. Hemos sido una sociedad ausente e indiferente con el campesinado colombiano, debemos generar un despertar para darles el lugar que se merecen.

En resumidas cuentas, debe existir una articulación entre la política de reparación de víctimas con la implementación de una política pública que vaya encaminada a resolver las causas de la violencia y que se encamine al mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos, mejorar las condiciones de vulnerabilidad en la que viven, recuperar el derecho a la tierra que les ha sido negado durante muchos años, ser reconocidos política, social y jurídicamente y derrotar esa marginalidad que los ha tenido en la periferia excluidos de un mejor vivir.